Compleja ha sido la instalación de la Convención Constitucional. Por una parte está la exigencia inicial de revisar la situación de los presos políticos mapuche y los del Estallido Social iniciado el 15 de octubre de 2019 en Chile, apoyada por la presidenta, Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa. Un tema que aún no se ha podido desarrollar ya que por segundo día consecutivo se ha suspendido la sesión, algo que de alguna manera permite ganar tiempo o al menos enfriar el ambiente a quienes creen, en la centroizquierda y el oficialismo, que no sólo no existen los presos políticos, sino que tampoco se debe interferir en el poder judicial.
Por otra parte, están las deficiencias técnicas que incluyen desde el acceso a internet hasta la ventilación de las salas, en plena emergencia por la variante Delta de la covid-19 en el país, que han impedido que los 155 constituyentes puedan trabajar con normalidad en las dependencias del ex Congreso Nacional y del Palacio Pereira en pleno centro de Santiago.
Incluso el mismo presidente Sebastián Piñera, según confirman fuentes al interior del gobierno, exigió al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa que “solucione” cuanto antes esta situación.
JCRF/ARCHIVOS 